Prensa, policías y jueces

                                                                Wilmar  Vera Zapata

                                                            

El asunto empezó a ir mal desde que la información dejó de ser un servicio para convertirse en otro producto  más en el mercado. A  partir de allí, las noticias  viven sujetas a las leyes de la oferta  y la demanda.  En principio, alguien las produce en serie: los medios. Acto seguido el consumidor las devora y luego las desecha en un gigantesco basurero, que en este caso es el propio cerebro. En ese punto la rueda vuelve a girar hasta el infinito. O lo que es lo mismo: hasta el sin sentido total.

Ustedes habrán notado dos cosas: que las noticias no las producen los acontecimientos y sus protagonistas   sino las empresas de información. Segundo, que entre el productor y el consumidor  no media escenario alguno. Ni tiempo ni espacio para la necesaria reflexión dirigida a ubicar los  hechos en un contexto, y de ese modo proceder a su valoración. Esta última es la que permite acercarse a lo que es verdad  y a lo que no lo es. A la certeza o a  la simple conjetura. Esos conceptos,  los de verdad y certeza, nos lo repiten desde hace mil años, son la base de la justicia.

Y de  esto último quiero hablar. En la reciente historia de Colombia   tomamos un rumbo tan retorcido, que la justicia, llamada a ser el eje de cualquier acción  que ponga en discusión la inocencia o la culpabilidad de un  ciudadano, pasó a un segundo plano. En el primero están la policía y los medios. Y lo digo con conocimiento de causa: que lo sepa, hasta ahora soy director de noticias del Canal 81 de televisión local  en el  área de influencia de Pereira, Dosquebradas , Santa Rosa y Manizales .  Sumo y sigo: el último lugar de la fila lo ocupan las víctimas y los sindicados, que deberían ser  objeto y sujeto de la justicia.

La lista de episodios es demasiado larga para emprender una enumeración. Pero  voy a citar dos casos antes de entrar al que me ocupa- y me duele– hoy . Se trata del asesinato de Luis Carlos Galán y de la llamada Operación  Libertad que afectó a   más de  un centenar de  habitantes del  municipio de  Quinchía, en  Risaralda. En el primero de ellos, un colombiano de ascendencia libanesa llamado Hubiz Hasbun  fue condenado  a prisión y murió poco después de que se probara su inocencia. Algo similar  sucedió con varios de los detenidos de Quinchía. En ambas situaciones hay un elemento común: la condena se dio primero en los comunicados de las autoridades y en los reportes de los medios de comunicación radiales, televisivos y escritos. Cuando quisieron  rectificar era tarde, porque muchas vidas   habían sido arruinadas, dejando una estela de huérfanos y de familias desintegradas.

Disculpen  la tardanza para llegar a la esencia de este artículo , pero necesitaba llenarme de argumentos. Hoy menos que nunca puedo ser objetivo. La detención de mi amigo y colega como profesor, escritor y periodista, Wilmar  Vera Zapata, sindicado de ser el determinador del homicidio  de un joven ex candidato al Concejo de Pereira , me tiene con el alma en vilo. En un mundo donde primara la razón, su culpabilidad o inocencia tendría que probarlas el  aparato de justicia. Pero ocurre que los medios y la policía ya lo condenaron. Para empezar, el comandante de la Policía Metropolitana, proclive a  a cerrar sus declaraciones con moralejas, en lugar de limitarse a reportar la captura  dijo ante los micrófonos  que “ No se concibe que un profesor, llamado a dar ejemplo, pague por asesinar a un joven por asuntos de dinero”. De los medios, ni se diga. El solo uso de una fotografía  que muestra al sindicado en compañía   del joven asesinado constituye para muchos una prueba de la relación directa entre los hechos. Pero hay más: mientras algunos, para curarse en salud ante eventuales  problemas legales, utilizan  por protocolo  la palabra presunto, un correo  electrónico remitido por el periodista Álvaro  Rodríguez empieza diciendo sin rodeos que  “ Capturan asesino de candidato al Concejo”. En otras palabras, un periodista y un  investigador ya sentenciaron sobre lo que, en derecho, debe ser competencia de los jueces. Por ejemplo,  decidir si las llamadas y correos electrónicos de una persona que le cobra  a otra un dinero, constituyen en si mismos una prueba de culpabilidad. Eso para no hablar de  los corresponsales de los  medios nacionales, obligados a llegar a la presa más rápido que sus competidores. Insisto: solo Wilmar  sabrá la verdad, pero nada bien le hace a su caso y al de muchas otras personas este tinglado en el que medios, policías y periodistas acabaron  suplantando a los jueces.