LOS DUEÑOS DEL AGUA

Por lo visto, las firmas de dos millones de colombianos que avalaron el referendo por el agua constituyen un asunto de menor cuantía para los congresistas elegidos, en teoría, para representar y gestionar los intereses de esos mismos ciudadanos. Claro, durante el último año estuvieron demasiado atareados en defenderse de la justicia, en acolitar trapisondas para aprobar la segunda reelección del presidente o en cultivar sus parcelas electorales, como para ocuparse de esas minucias. Al fin y al cabo en Colombia lo que abunda es agua, o si no pregúntenle a las miles de familias pobres asentadas en las orillas de los ríos o colgadas de las laderas, que padecen lo suyo durante las temporadas de invierno, una de las pocas cosas que les llegan con puntualidad.

Pero es que la primera falacia reside en creer que los legisladores están allí para trabajar en beneficio de quienes los eligieron. En realidad, su tarea consiste en crear las condiciones para que quienes financiaron sus campañas sigan prosperando, al tiempo que ellos mismos participan de una buena rebanada del pastel. En el caso del agua, el monto del negocio es descomunal, si se tiene en cuenta el pequeño detalle de que las criaturas vivientes la necesitamos, si queremos seguir dándonos el lujo de permanecer en el planeta. Por eso los que firmamos por ese referendo pecamos de entrada por exceso de optimismo : Ese asunto gaseoso del “ bien común” poco o nada les dice a los que se frotan las manos y preparan las cuentas bancarias pensando en la dimensión que alcanzarán las utilidades a medida que el agua escasee. Por eso no iban a aprobar una figura que define el acceso a ella como lo que es: un patrimonio colectivo y un derecho que no puede someterse a los apetitos de un particular y menos a la voracidad de corporaciones, que ya piensan en acueductos interoceánicos destinados a transportar los recursos hídricos desde los lugares donde abundan hacia las sedientas ciudades de un primer mundo en apuros.

Lo grave es que los colombianos, sumidos como estábamos en el juego de luces de unas campañas electorales parecidas cada vez más a un reality show que a un ejercicio democrático, asistimos, como si no fuera con nosotros, al lánguido hundimiento de una propuesta que toca no tanto a nuestras posibilidades presentes como al bienestar de las generaciones que habrán de sucedernos. Una vez más, la indiferencia afloró como una de nuestras más recurrentes y perniciosas señales de identidad colectiva.

Tratándose de un asunto de tanta importancia no queda alternativa distinta a la de volver a empezar, porque las señales de lo que puede llegar a suceder están a la mano: las pugnas de los políticos y los particulares por apoderarse de la administración de unos acueductos mal llamados “comunitarios”. La rapiña presupuestal y burocrática en las empresas que manejan el servicio de agua en pueblos y ciudades. Los zarpazos de los empresarios que no se fijan en sutilezas éticas y sociales a la hora de echarle el guante a las fuentes más apetecidas . Pero la más preocupante de todas reside en la indolencia de los mismos agentes de un Estado que , en el caso de Colombia, hace rato renunció a una de las premisas que definen su existencia : la de ser el defensor de los intereses de sus asociados. En su lugar, se ha convertido en cómplice activo o silencioso de quienes tienen bastante prisa en la carrera por convertirse en los dueños del agua.