Como si no bastara con el empecinamiento del procurador en poner sus creencias personales por encima de la jurisprudencia , los defensores del aborto en Colombia tienen que vérselas ahora con las intenciones del Partido Conservador, que en cabeza de José Darío Salazar se ha lanzado contra una conquista avalada por la Corte Constitucional, que permite a las mujeres la interrupción voluntaria del embarazo en situaciones ya conocidas por todos. Para lograr su objetivo proponen una reforma constitucional que dé marcha atrás a lo ya establecido en la ley.
Replicado en distintos escenarios, el argumento del señor Salazar se ha reducido a formular variantes de una idea que él resume así : “ Somos católicos, defensores del derecho a la vida y la protegeremos desde el momento mismo de la concepción”. En tono desafiante afirma además que no permitirán que una minoría le imponga a la mayoría una norma violatoria de esos principios.
Dejemos de lado el hecho de que esos defensores de la vida se muestran con frecuencia indolentes frente a la vulneración de la misma cuando acontecen desapariciones, masacres, asesinatos selectivos o cuando esos niños que dicen proteger padecen lo suyo en las calles del hambre ante la indiferencia de todos. Centrémonos entonces en la esencia de los planteamientos.
Para empezar, tanto los conservadores como el procurador pasan de largo por un pequeño detalle: la Constitución Política de 1991 define a Colombia como un país laico en el que existe libertad de cultos y admite tácitamente que alguien pueda ser creyente o no. No se entiende entonces como uno de esos cultos- en este caso el católico- se arroga el derecho de imponerles sus códigos morales paticulares a quienes no comparten sus creencias. Para ellos no tienen validez los argumentos de los grupos defensores del aborto cuando reclaman el derecho de las mujeres a tener autonomía sobre su propio cuerpo. Aquí aparece una idea muy importane , pues el énfasis se centra en la condición de feligrés, no de ciudadano. Y una de las características del ciudadano es la facultad para discernir y escoger los caminos que considera más convenientes para su propia existencia.
El segundo aspecto de la premisa no es menos tendencioso. Nos dice que una minoría al parecer inmoral pretende imponerle la obligación de abortar a una mayoría piadosa y respetuosa de la vida. Nada más ajeno a la realidad, pues en ningún momento de la discusión y mucho menos en la ley se establece que una mujer – creyente o no- pueda ser obligada a abortar contra sus deseos o convicciones. De modo que estamos ante dos ejemplos bastante riesgosos, por el precedente que puedan sentar- de la tergiversación del sentido de una idea o de una norma en beneficio de los prejuicios particulares de un individuo o de un grupo social. Mediante ese método, caro a los viejos sofistas y revaluado en Colombia por la escuela de altos estudios filosóficos de José Obdulio Gaviria, se desvía entonces la atención de lo importante: que la Constitución ampara hasta hoy el derecho de una mujer a suspender su embarazo en casos especiales, aunque de hecho algunas lideresas abogan por que la libertad sea total , como acontece en Holanda ,donde el libre pensamiento es norma de vida. Pero no exageremos : ese país es la cuna de Erasmo de Rotterdam y de Baruch Spinoza mientras nosotros engendramos a Laureano Gómez y todas sus derivaciones.
De modo que resulta muy importante llevar el debate al terreno que le corresponde. El de una ética laica y el de unos ciudadanos facultados para determinar el propio destino. Es por eso que durante una marcha organizada por colectivos de mujeres frente a las oficinas de la Procuraduría, algunas de ellas resumían su manera de ver las cosas en una ingeniosa y lúcida sentencia : “ Señor procurador, no meta el rosario en nuestros ovarios”.
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