Tumbas y socavones

 Como es habitual, los medios de comunicación se dieron el gran festín informativo con la muerte el 13 de mayo de los mineros en Riosucio, Caldas, una región de explotación aurífera desde los tiempos de la colonia.

Fieles   al manual, respondieron con gran diligencia a las clásicas preguntas del  qué, quién, cómo, cuándo y donde.  Para no  perder audiencia frente a sus competidores registraron en detalle las pequeñas historias de las víctimas. Algunos, incluso , fueron más allá y se excedieron en  la exhibición de imágenes escabrosas. Nada nuevo en realidad.

Un primer y significativo detalle:  de entrada las noticias sobre la tragedia fueron confinadas  a las  secciones judiciales, lo que no es un asunto menor. Todo lo contrario: resume con creces la noción que tenemos acerca de los dramas del prójimo , es decir, un mero señuelo para atraer consumidores  de información.

Y entonces  todo se disolvió en el aire. El drama empezó a perder interés. En últimas , es  como si no hubiera pasado nada.

Pero pasó y sigue pasando, no solo en  Ríosucio, sino en toda la  geografía colombiana, asaltada por una nueva fiebre del oro, con todos los ingredientes propios de ese tipo de fenómenos :  migración interna de campesinos empobrecidos, llegada de aventureros urbanos, destrozos ambientales, conformación de mafias orientadas a monopolizar la parte grande de los beneficios. Y tragedias, muchas tragedias.

Jhony, así a secas, es un minero nacido en la zona, que  ha hecho hasta lo imposible por cumplir todas las exigencias de ley para ejercer el oficio. Pero   en esa voluntad residen casi todos sus problemas y los de quienes, como él, intentan ganarse la vida en  este trabajo  seductor y riesgoso. Para empezar, ni siquiera existen conceptos claros que permitan diferenciar entre minería legal   e ilegal o entre minería formal o informal. De ese modo, nunca se sabe a cierta  si se está cometiendo un  delito   o solo se transgrede una norma. A la luz del derecho, ese no es un aspecto a pasar por alto de buenas a primeras.

Pero lo peor viene después. A pesar de que el gobierno colombiano dice tener las cosas claras,  los ministerios del ramo no han podido ponerse de acuerdo acerca de la ruta a seguir. Por eso , el ministerio  del trabajo impone unos requisitos cuyo cumplimientos depende  la atención a las exigencias del ministerio de minas... que a  su vez exige constancias  expedidas por el primero. Es decir,  que el ciudadano dispuesto a acatar las leyes encuentra el primer obstáculo en los organismos encargados de facilitarle las cosas. Eso para no hablar del rol nunca claro de las Corporaciones Autónomas Regionales, encargadas de la gestión ambiental, otro componente clave en la explotación minera.

Pero hay  todavía más. Según declaraciones de Johny, cuando intentan tramitar  el  documento de identificación  tributaria no  pueden declarar la minería como su ocupación. Se  les registra entonces como comerciantes, ambigua expresión que a la luz del orden jurídico los deja en una tierra de nadie. Lo anterior  paraliza la gestión de una cuenta bancaria... condición previa para la obtención del mencionado documento tributario.

Como pueden ver, a estas alturas uno empieza a sentir vértigo. Aparte del riesgo permanente de  acabar  la vida en un socavón que de repente se convierte en tumba colectiva, los mineros colombianos  deben enfrentar otra clase de extravío : el de los laberintos burocráticos que no conducen a un  lugar distinto al de los viejos  mecanismos de corrupción que exigen dinero a cambio de desenredar la cadena.

Por esas y muchas otras razones, resultaría saludable que el debate sobre la situación de los mineros colombianos pasara de las páginas judiciales a las secciones de información política, económica y de opinión. Esa  es una buena manera de recordarle  al gobierno nacional, así como  a sus agentes locales y regionales, que las enormes riquezas  derivadas de la minería  exigen  acciones legales en correspondencia  con los sacrificios de quienes se ganan  la vida o la pierden en los socavones.