La distorsión de lo público

La escena la presencié hace muchos años, cuando el uso de la telefonía móvil  no se había hecho masivo y la gente hacía largas filas frente a  las cabinas de teléfonos públicos instaladas en las esquinas. Una de  esas muchachas proclives a hacer visita por teléfono se eternizó hablando por el aparato y al ser increpada  por una señora que necesitaba usar el servicio le  respondió  en tono ofuscado: “¡ve, pues si tiene afán busque otro. Para eso esto es público!”

Tiempo  después  un ciudadano francés radicado en Pereira me preguntaba por  qué en Colombia los conductores de buses del servicio público obligan  a  sus atribulados pasajeros a escuchar a todo volumen la música de su  predilección. El pobre hombre tenía razón para estar preocupado: un día, agobiado por  la emisión obsesiva de ese engendro apodado  “ranchenato”, le solicitó al chofer  que  le bajara un poco al volumen, a lo que el hombre respondió que más bien se bajara él si no le gustaba la música.

Los episodios, que de por si resultan  inquietantes cuando se trata de  asuntos como los narrados, adquieren dimensiones de catástrofe cuando  pensamos en la concepción que nuestra sociedad tiene de lo público. Así como la muchacha del teléfono y el conductor del bus, los latinoamericanos en general y los colombianos en particular   somos inclinados a creer que lo público no es el patrimonio construido entre todos. Al contrario: lo asumimos como una tierra de nadie a la que se entra a troche y moche arrasando con lo que aparezca en el camino. Claro, no tenemos noción del otro, al que preferimos mirar siempre con recelo, cuando no como un enemigo. De allí a aceptar y  legitimar las prácticas de corrupción media solo un paso. El que se roba los recursos públicos no está dotado para pensar  que con su delito  en realidad le  está robando  las posibilidades de vida a quienes acuden a las clínicas y hospitales, que pueden ser sus mismos allegados. Mucho  menos puede calcular las pérdidas que se  derivan de sus acciones en términos de   educación,  vivienda,   recreación , movilidad  y seguridad. Es decir, de componentes  indispensables para  la buena vida de todos. Nada de eso: los bienes  públicos son un botín y bobo es quien no les eche el guante.

Como si no bastara con eso, el sistema de justicia tampoco ayuda mucho, pues más tardan los pillos en caer que las autoridades en liberarlos, con el resultado de que la sociedad recibe un mensaje nefasto: saquear  el patrimonio colectivo es   rentable y seguro, pues al fin  y al cabo lo robado se va para el exterior o queda en manos de testaferros, mientras  los que cometieron los delitos obtienen toda clase de gabelas que acaban por reducir las penas hasta lo irrisorio.

Las elecciones del 30 de octubre  en Colombia deberían  habernos servido al menos para emprender una reflexión sobre la forma  como hemos distorsionado la noción de lo público. Pues si un alto porcentaje  de aspirantes  a cargos  en el ejecutivo y legislativo hace rato lo asumieron como una empresa privada en la que se invierte y se recoge en medio de la impunidad total, el ciudadano  que avala las aspiraciones con su voto debería pensárselo  no una  si no varias veces  antes de respaldar las ambiciones de quienes desde hace muchos años se revelaron como auténticos herederos de Alí Babá y sus cínicos amigos.