El cagajón del Diablo. Así le decían al oro las viejas sabidurías, por su capacidad para generar discordia, violencia y podredumbre donde quiera que se emprenda su
explotación.
Lo vimos en la conquista de
Indias, en las guerras coloniales de África, en la conquista del oeste norteamericano
y , en el caso más reciente de Colombia, en la fiebre desatada por el
redescubrimiento de nuevas fuentes del mineral, alentado desde las políticas de
Estado que hablan de la locomotora de la
minería y estimulan de esa forma la
codicia de las grandes corporaciones mineras que cruzan el planeta de norte a
sur y de oriente a occidente,
arrastradas por el imán de los multibillonarios beneficios que deja su
explotación.
Para conseguirlo financian en todas partes las
campañas de candidatos a la presidencia, al congreso, a las gobernaciones, a las alcaldías, y en general a toda institución
relacionada con sus intereses. El
propósito: conseguir que los funcionarios acomoden las normas y miren
hacia otro lado cuando sus arremetidas empiezan a afectar a las comunidades y a
hacer invivible el territorio.
Nunca mejor aplicada la idea
aquella de El fin justifica los medios.
Si el oro es el cagajón del Diablo, estamos parados sobre una montaña de mierda. Desde la
subregión aurífera de Antioquia que comprende a Caucasia, El Bagre, Zaragoza y
Segovia, pasando por Marmato, Irra y Quinchía en Caldas y Risaralda, hasta
llegar a Cajamarca y Ataco en el Tolima, sin olvidar a Córdoba en el Quindío, la avanzada del oro
amenaza la tranquilidad y las formas de subsistencia de quienes han habitado y
cultivado estas tierras durante siglos.
Sí, claro. Los defensores de la
política de tierra arrasada dirán que el progreso tiene su precio.
Y es aquí donde empiezan a
desgranarse las preguntas ¿Qué entendemos por progreso? ¿El progreso de quién?
¿Se justifica el precio?
Personas como Jesús Antonio
Guevara y Edier Trejos Bermúdez piensan que son más los daños colaterales. El
primero es vocero de los acueductos rurales de Quinchía, un municipio que ve amenazadas las reservas y la calidad
del agua por la explotación minera a gran escala. El segundo es dirigente de la
organización ambiental Corporación Cívica
Quinchía Unida. A pesar de las persistentes negativas de los gobiernos
local, regional y nacional a tomarse en serio sus denuncias, los líderes están
dispuestos a defender sus derechos con
todas las herramientas que les entrega la
ley. Son conscientes de que deben luchar
contra poderes de índole global: la
Corporación AngloGold Ashanti es una transnacional con antecedentes oscuros
en Sudáfrica y con grandes aliados en
las altas esferas de la política y la economía.
Sin embargo, el cercano
precedente del municipio tolimense de
Cajamarca, donde una consulta popular
priorizó por absoluta mayoría los
intereses de la comunidad sobre los de
las empresas mineras alienta las esperanzas de que con un trabajo serio y unos criterios coherentes y unificados se pueda conseguir
que el bien público prime sobre el
privado.
El camino es largo y
culebrero. De hecho, la consulta popular
es el último paso a seguir. Primero deben adelantarse estudios técnicos por
parte de organismos medioambientales. Además, los entes territoriales como
concejos municipales, las alcaldías y gobernaciones deben revisar cómo se está
trabajando la gran minería en los territorios y pronunciarse sobre su impacto
en el medio ambiente.
Surtido ese paso deberá
procederse a una pre consulta popular y pasado ese filtro, si se cumplen todos
los requisitos, emprender la consulta definitiva. La que puede incluso revertir
las decisiones oficiales.
Eso para hablar solo de la parte
ambiental. En la otra cara del fenómeno,
son bien conocidos los efectos de la actividad minera en la economía: grandes
flujos de dinero que exacerban el consumo y el derroche sin generar procesos
productivos estables: por definición, la
minería es nómada. El primer resultado es una inflación que cabalga al lado
del debilitamiento de actividades como
la industria y la agricultura. A largo plazo, la minería acarrea desequilibrios económicos y sociales que
superan con creces los beneficios. En nuestras ciudades ya son visibles los
síntomas: multiplicación de restaurantes de lujo, concesionarias de vehículos
de alta gama, conjuntos residenciales de elevado costo, centros comerciales,
saunas, clínicas de estética. Todo eso al lado de unos indicadores de desempleo
que no bajan de los dos dígitos.
Esa parte es la que nos ocultan
los cuadros estadísticos de nuestros
tecnócratas, de entrada alineados con las corporaciones que hoy nos
asaltan amparadas en la patente de corso del libre mercado y la globalización.
De usted, de mí y de todos dependerá que no se salgan con la suya.
PDT . les comparto enlace a la banda sonora de esta entrada