Como es habitual, los medios de
comunicación se dieron el gran festín informativo con la muerte el 13 de mayo
de los mineros en Riosucio, Caldas, una región de explotación aurífera desde
los tiempos de la colonia.
Fieles al manual, respondieron con gran diligencia
a las clásicas preguntas del qué, quién,
cómo, cuándo y donde. Para no perder audiencia frente a sus competidores
registraron en detalle las pequeñas historias de las víctimas. Algunos, incluso
, fueron más allá y se excedieron en la
exhibición de imágenes escabrosas. Nada nuevo en realidad.
Un primer y significativo
detalle: de entrada las noticias sobre
la tragedia fueron confinadas a las secciones judiciales, lo que no es un asunto
menor. Todo lo contrario: resume con creces la noción que tenemos acerca de los
dramas del prójimo , es decir, un mero señuelo para atraer consumidores de información.
Y entonces todo se disolvió en el aire. El drama empezó
a perder interés. En últimas , es como
si no hubiera pasado nada.
Pero pasó y sigue pasando, no
solo en Ríosucio, sino en toda la geografía colombiana, asaltada por una nueva
fiebre del oro, con todos los ingredientes propios de ese tipo de fenómenos
: migración interna de campesinos empobrecidos,
llegada de aventureros urbanos, destrozos ambientales, conformación de mafias
orientadas a monopolizar la parte grande de los beneficios. Y tragedias, muchas
tragedias.
Jhony, así a secas, es un minero
nacido en la zona, que ha hecho hasta lo
imposible por cumplir todas las exigencias de ley para ejercer el oficio.
Pero en esa voluntad residen casi todos
sus problemas y los de quienes, como él, intentan ganarse la vida en este trabajo
seductor y riesgoso. Para empezar, ni siquiera existen conceptos claros
que permitan diferenciar entre minería legal
e ilegal o entre minería formal o informal. De ese modo, nunca se sabe a
cierta si se está cometiendo un delito
o solo se transgrede una norma. A la luz del derecho, ese no es un
aspecto a pasar por alto de buenas a primeras.
Pero lo peor viene después. A
pesar de que el gobierno colombiano dice tener las cosas claras, los ministerios del ramo no han podido
ponerse de acuerdo acerca de la ruta a seguir. Por eso , el ministerio del trabajo impone unos requisitos cuyo
cumplimientos depende la atención a las
exigencias del ministerio de minas... que a
su vez exige constancias expedidas
por el primero. Es decir, que el
ciudadano dispuesto a acatar las leyes encuentra el primer obstáculo en los
organismos encargados de facilitarle las cosas. Eso para no hablar del rol
nunca claro de las Corporaciones Autónomas Regionales, encargadas de la gestión
ambiental, otro componente clave en la explotación minera.
Pero hay todavía más. Según declaraciones de Johny,
cuando intentan tramitar el documento de identificación tributaria no
pueden declarar la minería como su ocupación. Se les registra entonces como comerciantes,
ambigua expresión que a la luz del orden
jurídico los deja en una tierra de nadie. Lo anterior paraliza la gestión de una cuenta bancaria...
condición previa para la obtención del mencionado documento tributario.
Como pueden ver, a estas alturas
uno empieza a sentir vértigo. Aparte del riesgo permanente de acabar
la vida en un socavón que de repente se convierte en tumba colectiva,
los mineros colombianos deben enfrentar
otra clase de extravío : el de los laberintos burocráticos que no conducen a
un lugar distinto al de los viejos mecanismos de corrupción que exigen dinero a
cambio de desenredar la cadena.
Por esas y muchas otras razones,
resultaría saludable que el debate sobre la situación de los mineros
colombianos pasara de las páginas judiciales a las secciones de información
política, económica y de opinión. Esa es
una buena manera de recordarle al
gobierno nacional, así como a sus
agentes locales y regionales, que las enormes riquezas derivadas de la minería exigen
acciones legales en correspondencia
con los sacrificios de quienes se ganan la vida o la pierden en los socavones.













