Wilmar Vera Zapata
El asunto empezó
a ir mal desde que la información dejó de ser un servicio para convertirse en
otro producto más en el mercado. A partir de allí, las noticias viven sujetas a las leyes de la oferta y la demanda.
En principio, alguien las produce en serie: los medios. Acto seguido el
consumidor las devora y luego las desecha en un gigantesco basurero, que en
este caso es el propio cerebro. En ese punto la rueda vuelve a girar hasta el
infinito. O lo que es lo mismo: hasta el sin sentido total.
Ustedes habrán
notado dos cosas: que las noticias no las producen los acontecimientos y sus
protagonistas sino las empresas de
información. Segundo, que entre el
productor y el consumidor no media escenario
alguno. Ni tiempo ni espacio para la necesaria reflexión dirigida a ubicar los
hechos en un contexto, y de ese modo proceder a su valoración. Esta
última es la que permite acercarse a lo que es verdad y a lo que no lo es. A la certeza o a la simple conjetura. Esos conceptos, los de verdad y certeza, nos lo repiten desde
hace mil años, son la base de la justicia.
Y de esto último quiero hablar. En la reciente
historia de Colombia tomamos un rumbo
tan retorcido, que la justicia, llamada a ser el eje de cualquier acción que ponga en discusión la inocencia o la
culpabilidad de un ciudadano, pasó a un
segundo plano. En el primero están la policía y los medios. Y lo digo con
conocimiento de causa: que lo sepa,
hasta ahora soy director de noticias del Canal 81 de televisión local en el
área de influencia de Pereira, Dosquebradas , Santa Rosa y Manizales
. Sumo y sigo: el último lugar de la
fila lo ocupan las víctimas y los sindicados, que deberían ser objeto y sujeto de la justicia.
La lista de
episodios es demasiado larga para emprender una enumeración. Pero voy a citar dos casos antes de entrar al que
me ocupa- y me duele– hoy . Se trata del asesinato de Luis Carlos Galán y de
la llamada Operación Libertad que afectó
a más de un centenar de habitantes del municipio de
Quinchía, en Risaralda. En el
primero de ellos, un colombiano de ascendencia libanesa llamado Hubiz Hasbun fue condenado
a prisión y murió poco después de que se probara su inocencia. Algo
similar sucedió con varios de los
detenidos de Quinchía. En ambas situaciones hay un elemento común: la condena
se dio primero en los comunicados de las autoridades y en los reportes de los
medios de comunicación radiales, televisivos y escritos. Cuando quisieron rectificar era tarde, porque muchas vidas habían sido arruinadas, dejando una estela
de huérfanos y de familias desintegradas.
Disculpen la tardanza para llegar a la esencia de este
artículo , pero necesitaba llenarme de argumentos. Hoy menos que nunca puedo
ser objetivo. La detención de mi amigo y colega como profesor, escritor y
periodista, Wilmar Vera Zapata,
sindicado de ser el determinador del homicidio de un joven ex
candidato al Concejo de Pereira , me tiene con el alma en vilo. En un mundo
donde primara la razón, su culpabilidad o inocencia tendría que probarlas
el aparato de justicia. Pero ocurre que
los medios y la policía ya lo condenaron. Para empezar, el comandante de la Policía Metropolitana ,
proclive a a cerrar sus declaraciones
con moralejas, en lugar de limitarse a reportar la captura dijo ante los micrófonos que “ No se concibe que un profesor, llamado
a dar ejemplo, pague por asesinar a un joven por asuntos de dinero”. De los
medios, ni se diga. El solo uso de una fotografía que muestra al sindicado en compañía del joven asesinado constituye para muchos
una prueba de la relación directa entre los hechos. Pero hay más: mientras algunos, para curarse
en salud ante eventuales problemas
legales, utilizan por protocolo la palabra presunto, un correo electrónico remitido por el periodista
Álvaro Rodríguez empieza diciendo sin
rodeos que “ Capturan asesino de
candidato al Concejo”. En otras palabras, un periodista y un investigador ya sentenciaron sobre lo que, en
derecho, debe ser competencia de los jueces. Por ejemplo, decidir si las llamadas y correos
electrónicos de una persona que le cobra
a otra un dinero, constituyen en si mismos una prueba de culpabilidad.
Eso para no hablar de los corresponsales
de los medios nacionales, obligados a
llegar a la presa más rápido que sus competidores. Insisto: solo Wilmar sabrá la verdad, pero nada bien le hace a su
caso y al de muchas otras personas este tinglado en el que medios, policías y
periodistas acabaron suplantando a los
jueces.






